España, segunda potencia mundial en producción fotovoltaica, afronta un futuro incierto con la próxima revisión de las ayudas al sector.

Hoy por hoy, España es la segunda potencia mundial en energía solar. Su producción anual, de 425 megavatios, sólo es superada por Alemania (1.110), seguida bastante de lejos por EEUU (259) y países recién incorporados, como Francia, Italia o Grecia. En 2007, además, vivió un crecimiento espectacular: más de un 440%. Las cifras serían una excelente noticia en cualquier otro sector, pero no en éste.

La asociación de empresas de energía solar denuncia que el mercado fotovoltaico español está inmerso en una vorágine que, si no se regula en los próximos meses, puede llevarlo a "morir de éxito", como ilustra el director de comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF [3]) , Tomás Díaz.

Dentro del campo de las energías renovables, la fotovoltaica es una de las que tiene más posibilidades de expansión. A diferencia de otras, como la eólica, no necesita de unas condiciones geográficas y climáticas concretas para su instalación: en España, abunda el sol y esto permite la proliferación de instalaciones muy próximas a los centros de consumo -viviendas, edificios...- que pueden así autoabastecerse de parte de sus necesidades energéticas. Uno de los pocos obstáculos que encarecía este mercado, el alto precio de fabricación de los paneles de polisilicio, parece estar en vías de solución con la incorporación de nuevos fabricantes, sobre todo en China. Un estudio de la consultora especializada en tecnología Luxresearch calcula que las 15.000 toneladas de silicio disponibles para la fabricación de paneles en 2005 crecerán a 123.000 para 2010, lo que debería traducirse en una bajada de los precios.

Competitiva con primas

Aunque visto así el futuro de la energía solar se presenta brillante, hoy día aún no es rentable por sí sola; su competitividad proviene de las primas que establecen los Gobiernos de todos los países donde se utiliza. La excepción es Japón, donde la electricidad convencional es más cara que la solar.

En España, estas primas están establecidas por el Real Decreto 661/2007, que establece que el kilovatio de energía solar se pague a 45 céntimos de euro y obliga además a comprar toda la producción. Pero las primas no estaban previstas para sostener un crecimiento como el vivido en 2007, propio de un mercado "inmaduro y sobredimensionado", según opinan en ASIF. Como resultado, los objetivos de producción de energía solar que debían alcanzarse en 2010, 371 megavatios, según la Comisión Nacional de la Energía, se sobrepasaron ya en 2007.

El presupuesto previsto para las primas, más de 500 millones de euros, también se superó. Los fabricantes y las asociaciones ecologistas coinciden en que es necesaria una regulación: "La industria no está haciendo ni más ni menos que responder a la señal que la propia Administración había establecido", dice el responsable de la Campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace [4], José Luis García.

La ONG ecologista coincide con ASIF en subrayar la necesidad de aplicar una reducción paulatina de las primas en los siguientes años, hasta que se alcance el punto en que la energía fotovoltaica dejara de necesitar muletas económicas. Esto ocurrirá, según previsiones del sector, alrededor de 2018.

García no está de acuerdo con ASIF, en cambio, en que las cifras de crecimiento sean exageradas: "Que la energía solar crezca por encima de lo previsto indica que lo previsto era muy pobre y que la capacidad de la industria es mayor de lo que en un principio se había pensado. Está demostrado que es una tecnología capaz de desarrollarse extraordinariamente rápido, cosa que no ocurre con otras".

Septiembre es el mes clave: entonces, el Real Decreto que establece las primas dejará de tener vigencia y será reemplazado por otro que fije no sólo una reducción de las primas, sino también una frecuencia menor en su revisión, para adaptarlas a los vaivenes del mercado. Algo similar está haciendo Alemania, donde las primas se rebajan un 5% cada año.

ASIF propone una rebaja inmediata del 10% al 15%, en función del tamaño de la instalación, y desde el año 2010, un 5% anual añadido al IPC. El Ministerio de Industria [5] propuso una bajada del 30% y un tope de producción en 1.200 megavatios, lo cual fue rechazado por la Comisión Nacional de la Energía.

Negociación interrumpida

De momento, las negociaciones están interrumpidas y no hay constancia de cuándo se retomarán. A este respecto, el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de la Energía han rechazado hacer declaraciones a Público sobre sus planes para la revisión del mercado. Pero el calendario corre y en el sector hay incertidumbre. Se teme que si llega el mes de septiembre sin una ley que sustituya a la actual, las tarifas pasen a regirse por el precio medio del mercado -de 45 a 6 céntimos por kilovatio-, lo que supondría, dicen, una "catástrofe" para el sector.

Nadie cree que se vaya a llegar a eso, pero sí es cierto que el sector prefiere no mover ficha hasta saber a qué atenerse. "La situación ahora mismo es de una incertidumbre total; hay un montón de proyectos, pero nadie sabe si el tope va a estar por debajo de 1.200 megavatios. ¿Quién es el megavatio 1.201? Ése se queda sin nada", ironiza García.

Ventajas y trampas por ser pequeños

La ley favorece con primas más altas a las instalaciones solares de pequeño y mediano tamaño (hasta 100 kilowatios), para reducir el impacto ambiental y visual sobre el suelo, según explica ASIF. La energía solar puede instalarse sobre casi cualquier superficie y no depende tanto de las condiciones climáticas como la eólica. Esto permite instalar parques solares de reducido tamaño, muy próximos al punto de consumo o anexos al mismo, como los tejados de las viviendas. Así se elimina la pérdida de energía que se produce durante el transporte. El problema es que esta ley favorece la trampa. Se conocen casos de parques fotovoltáicos de varios megavatios, cuya propiedad está dividida en instalaciones más pequeñas a nombre de distintos dueños para poder así presentarlas como de dimensiones más reducidas y acceder a las primas más altas. Es otro problema que deben resolver futuros decretos.

Fuente: Vicente F. Bobadilla en diario Público