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El Gobierno español parece interesado en ahuyentar a los pequeños y medianos inversores en generación eléctrica renovable. El Consejo de Ministros de hoy aprobó un decreto por el que se exigirán avales para la tramitación de autorización de instalaciones de generación, un requisito indispensable para ponerlas en marcha. En la línea del secular centralismo y concentración español, el Gobierno se lo ha puesto aún más difícil a los pequeños y medianos inversores en renovables y despejado aún más el camino al gran capital. El desarrollo reglamentario del Real Decreto Ley de 2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Productividad en relación con el Sector Eléctrico, aprobado hoy en Consejo de Ministros, exige el depósito de un aval para tramitar la autorización administrativa de instalaciones de generación eléctrica. El Gobierno asegura que ello reducirá "la incertidumbre de la futura existencia o no de una nueva central de producción en un determinado nudo de la red" y que "redundará en una mejor planificación de las redes de transporte y de distribución y en una mejor estimación de la cobertura de la demanda". Hasta ahora, la tramitación administrativa era gratuita.
El nuevo reglamento no distingue entre instalaciones en régimen ordinario y especial (en las que se encuadra la generación con energías renovables), aunque esta penalización da la impresión de estar pensada expresamente para estas últimas. La cuantía del aval no se ha hecho pública, aunque quizás dependa de cada Comunidad Autónoma, en cuanto son ellas las encargadas de tramitar y resolver las autorizaciones.
Por otra parte, entre el barullo de nuevas normas recogidas en el nuevo decreto, se ha colado una que en principio le aclara al consumidor la procedencia de la electricidad que llega a su hogar. Recogiendo una Directiva Comunitaria de 26 de junio de 2003, se añaden una serie de requisitos acerca de la información que se debe suministrar al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto en el medio ambiente.
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