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¿Podremos generar electricidad en casa del mismo modo que lavamos la ropa? La fotovoltaica tiene espacio en el hogar, pero a los Gobiernos poco le importa. El tiempo de los especuladores e inversores ajenos a la producción eléctrica responsable se acaba, al menos en España. Al Gobierno local se le ha desbocado el costo de la prima que, desde el año 2004, disfruta el gran capital, que en tromba ha sembrado de paneles el campo español. En septiembre, una nueva norma pondrá límites tanto a las primas como a la potencia anual instalada.
El negocio fotovoltaico, tal y como lo conocemos, toca a su fin: todos -salvo las interesadas excepciones-, administraciones, industriales y expertos, coinciden en lo insostenible de la situación española: la carga sobre el recibo de la luz, el que a fin de cuentas aguanta la subvención de la fotovoltaica, es insoportable y aún podría ser peor de continuar por la misma senda.
Hay discrepancias en cuanto al coste anual de la fotovoltaica, pero la cifra tanto en uno como otro caso no deja de ser cara. El Gobierno ha calculado en 800 millones de euros el montante de las primas en 2008 para una previsión de 1.500 megawatios acumulados a final de año; la Comisión Nacional de la Energía, según valoran la principal asociación de industriales, Asif, y la de productores, Appa, ha sumado algo menos: 524 millones para una potencia instalada de 1.800 megawatios.
En cualquier caso, el anunciado recorte no debe cerrar las puertas a otros desarrollos más sensatos de la generación eléctrica fotovoltaica. Más allá del dinero fácil de grandes grupos inversores, esta tecnología está preparada para establecer otra relación más íntima con los usuarios: la que pasa por permitir el acceso libre y sin trabas a las fuentes de producción eléctrica renovables.
Es lo que reclaman Asif y Appa, dos organizaciones que admiten el déficit que ocasiona la prima fotovoltaica, pero que no renuncian de ninguna manera al desarrollo de una tecnología sencilla, modular y... barata.
Ambas asociaciones acaban de reclamar al Gobierno de Madrid la aplicación de la tarifa neta, una modalidad distinta de la de las primas (no se percibe remuneración por la venta de electricidad fotovoltaica). El borrador del Decreto que se promulgará en septiembre en España no contempla un régimen de conexión en el hogar, vigente en países como Japón y algunos estados estadounidenses, que permite enchufar directamente los equipos fotovoltaicos a la red eléctrica del hogar.
En unos pocos años, al consumidor le saldrá más a cuenta generar su propia electricidad con sistemas fotovoltaicos que pagarla al distribuidor. Así lo ven industriales y productores: "En España, teniendo en cuenta un muy conservador crecimiento de la tarifa doméstica del 3% anual, el 'ahorro neto' se aplicará con éxito hacia el año 2015".
En un sistema de 'tarifa neta', la generación fotovoltaica doméstica ralentiza o detiene el contador eléctrico cuando produce y vierte a la red el excedente, si es el caso.
Entonces, ¿qué impide la instalación masiva de sistemas fotovoltaicos en el hogar? Industriales y productores lo tienen claro: las trabas administrativas. La conexión fotovoltaica debería ser tan sencilla como esto, en un ejemplo propuesto por Asif y Appa: "Si la potencia del sistema solar a instalar equivale a la mitad de la potencia que el consumidor tiene contratada con la compañía distribuidora, debería bastar con informar a esta última de que el sistema solar se va a instalar, sin necesidad de pedir la concesión previa del acceso y la conexión a la red eléctrica, como ocurre ahora".
La puerta que abriría a la fotovoltaica la voladura de las enrevesadas y tortuosas trabas burocráticas sería muy saludable para el sector y la producción eléctrica distribuida, la que se consume allí donde se produce sin pérdidas de transporte. Sin embargo, pocos confía en ello.
Por lo pronto, el nuevo borrador de Decreto sobre producción fotovoltaica conectada a la red no lo contempla. Tampoco prevé facilitar la introducción de instalaciones en los edificios domésticos.
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