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La Ley del Suelo de Galizia (España) está haciendo estragos entre los productores fotovoltaicos locales. Según denuncia la Asociación Gallega de Productores de Energía Fotovoltaica, el Gobierno local está levantando actas de denuncia contra productores con instalaciones de seguimiento solar en suelo calificado de rústico por considerarla como actividad industrial. En declaraciones a El Correo Gallego, el presidente de la Asociación Gallega de Productores de Energía Fotovoltaica (Agpef), Jesús Díaz Gómez, asegura que la principal consecuencia de la prohibición de instalar sistemas fotovoltaicos de seguimiento está siendo "la pérdida de inversiones millonarias en Galicia". Instalaciones por un valor total de más de 200 millones de euros podrían elegir la comunidad vecina de Castilla y León para desarrollar la generación fotovoltaica, según vaticina la Agpef, que destaca las facilidades que ofrece esta comunidad autonómica para la instalación de sistemas de seguimiento solar.
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo también han denunciado un "parón técnico" en el Gobierno de la comunidad que está provocando que más de 7.000 solicitudes para instalaciones fotovoltaicas estén aún pendientes de gestionar, según recoge La Voz de Galicia. Asimismo, critican la denegación de permisos para pequeñas instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red "aprovechando no una prohibición, sino un vacío de legislación", en alusión a la consideración de actividad industrial la generación eléctrica en terrenos calificados de rústicos, y no industriales.
La asociación de productores fotovoltaicos gallegos, constituida en la primavera del pasado año y que aglutina a un centenar de socios, está elaborando un borrador de normativa específica para la fotovoltaica que remitirá al Gobierno local. Persigue acabar con lo que considera un "vacío legal" que está causando contradicciones de raíz entre dos Consejerías: por un lado, la de Industria, que fomenta e incentiva este tipo de actividad; y, por otro, la de Política Territorial, que a través de Urbanismo, está impidiendo con la Ley del Suelo en la mano, esta actividad en suelo rústico.
Por lo pronto, y mientras se elabora una norma específica para la fotovoltaica, los productores gallegos han reclamado una moratoria en la aplicación de la actual Ley del Suelo en lo que concierne a estas instalaciones.
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